Los Artesanos del “Cambio”: El Actor y el Fotógrafo que Multiplicaron su Patrimonio con Contratos Públicos bajo Petro

Bogotá, Colombia – 19 de junio de 2026

Durante años, buena parte de la prensa internacional presentó al gobierno de Gustavo Petro como una apuesta para redistribuir el poder y desafiar a las élites tradicionales. Sin embargo, diversas denuncias y registros de contratación pública han puesto el foco sobre una realidad que algunos consideran contradictoria con ese discurso: el ascenso económico de figuras cercanas al entorno gubernamental mediante millonarios contratos financiados con recursos del Estado.

Entre los nombres que han generado controversia aparecen el actor Lucho Velasco y el fotógrafo Mauricio Vélez, reconocido por su cercanía profesional con la ex primera dama Verónica Alcocer. Según información difundida por distintos sectores políticos y analistas, ambos habrían estado vinculados, de manera directa o indirecta, a proyectos audiovisuales y servicios de imagen financiados con recursos públicos, cuya contratación superaría los 50.000 millones de pesos colombianos.

Las críticas apuntan especialmente a producciones audiovisuales, documentales y campañas institucionales cuyo impacto real ha sido cuestionado por diversos observadores. De acuerdo con los señalamientos, varios de estos contratos habrían sido ejecutados a través de cooperativas intermediarias y entidades estatales, incluyendo RTVC, generando elevados costos para el Estado.

Uno de los proyectos más visibles fue la película “Almirante Padilla”, protagonizada por Velasco y ampliamente promocionada durante el actual gobierno. La producción llamó la atención no solo por su financiación, sino también por la aparición del propio presidente Gustavo Petro en una escena que algunos interpretaron como un gesto simbólico y otros como una expresión de personalismo político.

Mientras estos proyectos avanzaban, las críticas señalan que varios de sus protagonistas consolidaban importantes activos inmobiliarios en sectores exclusivos de Bogotá, particularmente en la zona de Altos de la Sabana, alimentando cuestionamientos sobre la coherencia entre el discurso oficial contra los privilegios y los beneficios obtenidos por algunos de sus allegados.

La controversia adquirió una dimensión adicional cuando sectores políticos denunciaron que, tras haber sido beneficiarios de contratos durante la administración Petro, algunos integrantes de este círculo comenzaron a expresar simpatías por otras opciones electorales. En particular, se ha señalado el respaldo de Lucho Velasco al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, lo que para sus críticos representa un ejemplo de oportunismo político.

Más allá de los nombres propios, el caso ha reabierto el debate sobre uno de los riesgos recurrentes en los proyectos políticos que prometen transformación institucional: la posibilidad de reemplazar una élite por otra, sin modificar de fondo las prácticas relacionadas con el uso de los recursos públicos.

Los cuestionamientos también han impulsado llamados para que organismos como la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) revisen con rigor los contratos, los flujos financieros y la evolución patrimonial de las personas involucradas. Para diversos sectores, la transparencia debe ser una exigencia permanente, independientemente de la orientación ideológica del gobierno de turno.

En un país que enfrenta desafíos en materia de seguridad, crecimiento económico y prestación de servicios públicos, la discusión sobre la destinación de los recursos estatales continúa ocupando un lugar central en el debate nacional. Para muchos colombianos, el verdadero cambio no puede medirse por discursos o producciones audiovisuales, sino por resultados concretos, rendición de cuentas y una administración transparente de los fondos públicos.