La crisis del internet en San Andrés: Capacidad estancada, sobresuscripción desmedida y la omisión de César Gómez
El deterioro del internet en el Archipiélago no responde a fallas fortuitas ni a condicionamientos geográficos; es la consecuencia directa de una infraestructura saturada y de la falta de control oficial. Mientras la comunidad padece una conectividad deficiente que impacta la salud, la educación y la economía local, los responsables de la supervisión técnica mantienen un silencio conveniente. En el centro de esta problemática se sitúa César Andrés Gómez Torres, Secretario de las TIC, cuestionado tanto por la inacción frente a los operadores como por sus movimientos para garantizar su permanencia en el cargo.
Continuismo político sin resultados técnicos
La permanencia de César Andrés Gómez Torres al frente de la Secretaría de las TIC ha generado severas dudas en sectores comunitarios. Designado en su momento durante la administración del exgobernador Nicolás Gallardo, Gómez gestionó su continuidad con la llegada de la nueva administración territorial.
Sin embargo, esta maniobra de atornillamiento burocrático no se ha traducido en avances operacionales. La gestión se ha caracterizado por la ausencia de auditorías severas a las empresas de telecomunicaciones y por la falta de un seguimiento riguroso a los compromisos de inversión pactados para las islas.
Sobresuscripción de la red: La raíz del colapso en el cable submarino
El origen del problema técnico es concreto y medible. La conectividad del Archipiélago depende centralmente de la capacidad de transporte del cable submarino de fibra óptica que enlaza a la isla con el continente. Este canal principal posee un límite físico determinado de ancho de banda para la transmisión de datos.
El colapso del servicio ocurre porque grandes empresas como Claro y Movistar, en articulación con operadores locales como Teleislas, han aplicado una estrategia de sobresuscripción masiva de la infraestructura:
* Capacidad central estancada: La infraestructura de transporte del cable submarino no ha incrementado su ancho de banda real ni ha expandido la capacidad de su enlace de datos principal.
* División del ancho de banda: Los operadores continúan vendiendo nuevos contratos y conectando miles de accesos adicionales a la misma infraestructura existente. Al dividir un canal de transporte de datos —diseñado para un volumen determinado de usuarios— entre el doble o el triple de conexiones, el caudal de velocidad individual colapsa.
* Falsa ampliación de cobertura: Bajo el discurso comercial de "llegar a más hogares", las empresas no invierten en ampliar el tubo principal de datos, sino en subdividir el ancho de banda contratado, reduciendo la velocidad y la estabilidad del internet a niveles inoperables.
Omisión en el control y la fiscalización técnica
Es en este punto donde la responsabilidad de la Secretaría de las TIC resulta ineludible. La función de la cartera que dirige César Gómez no es validar los anuncios comerciales de las empresas, sino garantizar la calidad del servicio a través de herramientas de fiscalización técnica.
Para frenar el deterioro de la red, la Secretaría debería implementar auditorías independientes sobre los nodos de distribución y verificar que la tasa de reventa de ancho de banda no supere los límites técnicos permitidos. Al no exigir mediciones sobre la capacidad real del cable submarino frente al volumen de usuarios contratados, se permite que los operadores cobren tarifas completas por un servicio fragmentado.
Ante la falta de informes detallados y la persistencia de zonas oscuras en San Andrés y Providencia, se vuelve imperativo que la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación inicien auditorías especiales para evaluar los procesos contractuales del sector e identificar las omisiones disciplinarias en la supervisión de estas redes.