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Política

El polígrafo de la vergüenza: La tragedia del coronel Dávila y el abuso de poder

El polígrafo de la vergüenza: La tragedia del coronel Dávila y el abuso de poder

La muerte del teniente coronel Óscar Dávila no puede entenderse como un hecho aislado; es el desenlace inevitable de una estructura de poder que decidió saltarse todas las reglas constitucionales para proteger intereses privados.

El "polígrafo" al que fue sometida Marelbys Meza, la exniñera de Laura Sarabia, se convirtió en el símbolo más crudo de la degradación institucional en este gobierno: el uso de los recursos del Estado para perseguir a una empleada doméstica tras la desaparición de un dinero en una residencia privada.

Lo que se reveló a partir de este episodio es una maquinaria de terror. El coronel Dávila, encargado de la seguridad de la Jefatura de Protección Presidencial, se vio atrapado en un sistema que operaba en las sombras. Las interceptaciones ilegales, montadas con el pretexto de una investigación contra el Clan del Golfo para vigilar a una ciudadana común, exponen un nivel de perfidia que deja claro que, en la Casa de Nariño, el poder se ejerce sin límites ni contrapesos.

La tragedia de Dávila es, en esencia, la crónica de un oficial de carrera que fue utilizado como fusible. Cuando el escándalo del polígrafo y las escuchas ilegales estalló, el peso de la responsabilidad recayó sobre aquellos que, desde el despacho de Sarabia, dieron las órdenes o permitieron que el miedo se convirtiera en política de Estado. Dávila no era un agente autónomo; respondía a un esquema jerárquico que hoy intenta lavarse las manos en medio de un mar de dudas.

El polígrafo de la niñera no fue un examen de seguridad, fue una sesión de tortura psicológica diseñada para intimidar. Y el suicidio de Dávila es la mancha imborrable que acompaña la gestión de quienes, desde el poder, creyeron que podían jugar con la dignidad y la vida de los ciudadanos como si fueran fichas de ajedrez.

La sociedad colombiana no olvida: el caso Sarabia-Dávila no es un proceso administrativo cerrado, es la evidencia de cómo el abuso de autoridad puede arrastrar a un país entero hacia el abismo de la indignidad.

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