El expediente Urán y la sombra de Roy Barreras: La prueba de fuego para la regla de Abelardo de la Espriella
Un expediente administrativo y penal mantiene en la mira el flujo de recursos de la salud en Colombia. La investigación gira en torno al presunto favorecimiento en giros directos, la interferencia en la nómina de Entidades Promotoras de Salud (EPS) intervenidas y el peso de las alianzas políticas en la burocracia sanitaria del país. En el centro del debate se ubican las actuaciones de Mario Andrés Urán Martínez, reconocido consultor del sector, y las constantes denuncias sobre su histórica relación con el exsenador Roy Barreras.
La carrera de Mario Urán y el antecedente con Roy Barreras
Mario Andrés Urán Martínez —médico cirujano con una trayectoria de treinta años entre el sector público y la industria farmacéutica— ha transitado por cargos clave como la Subsecretaría de Salud de Bogotá durante la alcaldía de Lucho Garzón, la gerencia de asuntos corporativos en Roche, la Dirección de Caprecom (2010-2012) y cargos gremiales en la ANDI y Asinfar.
El vínculo político con Roy Barreras se remonta a su llegada a Caprecom, entidad que posteriormente fue liquidada con un déficit estimado por la Procuraduría en cerca de 4 billones de pesos. Investigaciones periodísticas han documentado cómo Barreras, desde la presidencia del Congreso, llegó a presentar el nombre de Urán ante el Ejecutivo para el Ministerio de Salud. Asimismo, en el marco del expediente del carrusel de la contratación en Bogotá, exfuncionarios del distrito lo señalaron ante la Fiscalía como un presunto enlace del entorno de Barreras con la contratación médica.
Aunque el político negó cualquier nexo irregular y no existen sentencias ni condenas judiciales contra Urán por estos hechos, las indagaciones reflejan una relación política documentada y un historial de procesos administrativos que no llegaron a etapa de sanción penal.
La especialidad: El control de las interventorías ajenas
El foco principal de las investigaciones recientes se centra en la actuación de Urán como asesor estratégico. El 26 de octubre de 2022, constituyó la firma EFESO MAU SAS, con la cual suscribió contratos de asesoría con Coosalud por cerca de 960 millones de pesos.
Pese a que Coosalud no se encontraba bajo medida de intervención, hallazgos de auditoría de la Superintendencia Nacional de Salud, así como filtraciones de la UIAF, la Fiscalía y la Procuraduría, revelaron que desde su correo corporativo Urán recibía y revisaba las postulaciones de pago de tres EPS sí intervenidas por el Estado: Emssanar, Asmet Salud y SOS.
Las auditorías e inspecciones judiciales han documentado los siguientes hallazgos en la red de interventorías:
Emssanar: Bajo la gestión del interventor César Augusto Sánchez Gutiérrez —excolaborador de Urán en Caprecom—, se registraron presuntas tercerizaciones de funciones y un incremento en los pagos por conceptos de osteosíntesis, pasando de promedios de $3.115 millones a más de $5.200 millones.
Asmet Salud: Correos institucionales evidenciaron que las postulaciones de giro salían directamente de la vicepresidencia financiera (Lida Milena Arbeláez) hacia el correo de Urán antes de ser notificadas a la Superintendencia.
SOS: Bajo la dirección de Carlos Marino Escobar, exempleado de Coosalud, se habrían coordinado esquemas de autorización previa para los desembolsos.
Manejo de IPS y red de laboratorios: La Fiscalía y el CTI abrieron líneas de investigación ante presuntos direccionamientos por más de $59.000 millones hacia el Centro Oncológico del Caribe y Roma Salud Integral, entidades en las que se rastrea si Urán ejercía como socio oculto.
La defensa técnica de Urán sostiene que él no actuaba como ordenador del gasto, que las EPS postulan recursos pero no giran directamente los fondos del ADRES, y que no existía relación de amistad ni direccionamiento ilícito con los agentes interventores.
Urán, las interventorías y la regla que fija Abelardo de la Espriella
En el actual escenario político, la figura de Mario Andrés Urán no figura en decretos ni nombramientos oficiales dentro del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, ni en la administración del Fondo Milagro. Sin embargo, su expediente se ha convertido en el parámetro para medir la postura ética prometida por la nueva administración.
El 1 de octubre de 2026, a las 2:32 a. m., el presidente Abelardo de la Espriella fijó una postura pública drástica tras desautorizar a Margarita Andrade, amiga cercana de su familia, por gestionar cargos e influencias usando su nombre en el departamento de Córdoba. De la Espriella declaró que la cercanía, la amistad o el parentesco no otorgan licencias, representación ni privilegios dentro de su administración, afirmando que no llegó al poder para repetir las prácticas de la política tradicional.
Esta directriz establece un contraste directo entre dos dinámicas: mientras una allegada buscaba influencia mediante llamadas telefónicas, el expediente de Urán expone un método estructurado de intermediación de recursos en la salud sin que medie una condena judicial firme.