El clan de Euclides Torres y sus contratos: la polémica que alcanzó al gobierno de Gustavo Petro
El nombre de Euclides Torres volvió a ocupar un lugar central en el debate político colombiano debido a las investigaciones y cuestionamientos sobre los contratos obtenidos por empresas vinculadas a su entorno durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.
Torres fue identificado como uno de los empresarios que apoyó la campaña presidencial de Petro en la región Caribe y, posteriormente, varias investigaciones periodísticas señalaron que empresas relacionadas con su red empresarial obtuvieron contratos de alto valor con entidades del Gobierno.
Uno de los casos más mencionados involucra al Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE), donde compañías asociadas al denominado "clan Torres" fueron beneficiarias de contratos para proyectos de transición energética. Según investigaciones, algunos procesos presentaban presuntos favorecimientos, posibles sobrecostos y relaciones entre contratistas e interventorías que despertaron cuestionamientos sobre la transparencia en la contratación pública.
La controversia adquirió una mayor dimensión debido a que Euclides Torres también fue mencionado dentro de las investigaciones relacionadas con la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Incluso, durante las indagaciones al caso de Nicolás Petro, la Fiscalía preguntó por el papel del empresario y sus presuntos intereses como contratista en sectores estratégicos como energía y transporte.
Aunque estas revelaciones generaron fuertes críticas desde distintos sectores políticos, hasta la fecha no existe una decisión judicial que establezca la responsabilidad personal de Gustavo Petro en la adjudicación irregular de esos contratos. No obstante, la oposición ha sostenido que la cercanía política entre Torres y la campaña presidencial alimentó las dudas sobre posibles conflictos de interés y sobre los mecanismos utilizados para la asignación de recursos públicos.
El caso continúa siendo uno de los episodios más controvertidos alrededor de la contratación estatal durante el gobierno Petro y ha servido de base para nuevas investigaciones periodísticas y judiciales sobre la relación entre financiación política, contratación pública y redes empresariales en Colombia.