Alerta fiscal: Petro recibió el patrimonio nacional en $137 billones y lo entrega en -$273 billones
Un análisis masivo a 2,8 millones de registros contables revela una bomba de tiempo invisible para las finanzas públicas: la deuda fuera de balance supera los 400 billones de pesos por el descalabro en pensiones, fondos opacos y litigios.
A la vista de la opinión pública, los debates sobre las finanzas del país suelen centrarse en la deuda bruta o en el impacto de la tasa de cambio. Sin embargo, en la sombra contable de la nación se ha incubado una crisis estructural sin precedentes. Un procesamiento masivo con inteligencia artificial sobre 2,8 millones de registros contables de 371 entidades públicas revela una realidad demoledora: la administración de Gustavo Petro recibió el patrimonio de la Nación en $137 billones de pesos en 2022 y lo entregará a su sucesor desplomado en -$273 billones de pesos.
El patrimonio de un Estado se calcula igual que el de cualquier empresa: se toman los activos (propiedades, efectivo, inversiones) y se les restan los pasivos (deudas, salarios, compromisos futuros). Cuando la balanza se inclina hacia los pasivos, el patrimonio entra en terreno negativo.
Aunque un patrimonio negativo en el sector público no siempre desencadena una quiebra inmediata, la magnitud del desplome —una pérdida de 410 billones de pesos en tan solo tres años— enciende todas las alarmas de los mercados e instituciones financieras.
"Si aumenta el patrimonio negativo de manera importante de un año a otro es preocupante, porque ese incremento en la deuda se paga con impuestos futuros. En el caso de que la deuda sea impagable, los acreedores dejan de suministrarle recursos al país, y el gobierno estaría obligado a vivir con sus ingresos corrientes. El ajuste sería enorme. Es lo que le ha pasado a Argentina y a Grecia", advierte Francisco Azuero, profesor de Política Económica de la Universidad de los Andes.
1. El tsunami pensional: La deuda futura toca el 150% del PIB
El motor principal de esta sangría contable no está en los gastos inmediatos, sino en el cálculo actuarial: la proyección de lo que el Estado tendrá que pagar a futuro en pensiones según la expectativa de vida, aumentos salariales y crecimiento de nóminas.
Excluyendo a Colpensiones, el pasivo pensional de las entidades públicas en el Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública (Chip) se disparó de $554 billones en 2022 a $740 billones en 2025 (equivalente al 40% del PIB).
Los tres factores del descalabro:
Inflación y Salario Mínimo: Los incrementos agresivos del mínimo y los reajustes salariales contratados con sindicatos estatales arrastran automáticamente las mesadas y las obligaciones futuras.
Explosión de nómina: Solo en el Magisterio (Fomag) se registraron cerca de 30.000 nuevos profesores en dos años, aumentando drásticamente los compromisos a largo plazo.
Longevidad y sustitución: Los fondos cerrados no se están reduciendo. La mayor expectativa de vida y las sustituciones pensionales (casos de jubilados mayores con cónyuges mucho más jóvenes) han obligado a recalcular al alza el pasivo.
A este escenario se suma la garantía estatal de Colpensiones (Régimen de Prima Media), que pasó de $1.200 billones a $2.000 billones de pesos (110% del PIB), presionada por la reforma pensional, el traslado masivo de cotizantes y la restitución de la mesada catorce. En conjunto, el pasivo pensional colombiano roza el 150% del PIB.
2. Los "bolsillos paralelos": Multiplicación de fondos y opacidad
El segundo frente de descalabro radica en la proliferación incontrolada de fondos y patrimonios autónomos. Utilizados como mecanismos fuera de los marcos habituales de contratación pública, estos vehículos han crecido en número y presupuesto, pero con niveles de ejecución alarmantemente bajos o saldos en rojo.
En el último periodo han proliferado vehículos insignia del actual Gobierno —como el Fondo Vida y Biodiversidad, Brechas de Desigualdad o el FIP de Infraestructura— que manejan recursos multimillonarios bajo esquemas fiduciarios.
El riesgo es inmediato: entidades como el Fondo Colombia en Paz presentan hoy patrimonios negativos e incapacidad para cubrir sus pasivos (con cuentas por pagar superiores a los $32.000 millones). A ello se suma la persistencia de 38 entidades en liquidación "fantasma" que continúan devorando presupuesto; solo el caso de la Caja Agraria, liquidada en 1999, aún genera costos por casi $97.000 millones de pesos al año.
Un margen de maniobra fiscal sofocado
El desplome en el patrimonio de la Nación deja al próximo gobierno frente a un dilema severo. Cualquier plan de ajuste o recortes de gasto que intente implementar la siguiente administración chocará de frente contra una estructura de pasivos rígidos e invisibles que amenaza la estabilidad de la caja nacional y la credibilidad internacional del país.